Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 23/01/2019
La introducción de autos usados de manera ilegal es el “coco” de la industria automotriz. Gobiernos vienen y gobiernos van y la historia se repite una y otra vez; mientras que por un lado se cierra la puerta, por el otro se abre. Resulta que en San Luis Potosí, que gobierna Juan Manuel Carreras, en donde hay dos grandes armadoras —General Motors y BMW—, agrupaciones hacen llamados a realizar un registro o censo a cambio de una posible regularización de los vehículos internados al país ilegalmente.
La convocatoria es tan ilegal como el mismo huachicoleo y Guillermo Rosales Zárate, Director General Adjunto de la AMDA, hace llamados a la población para evitar caer en el riesgo de un fraude. Sobre los hechos, se trata de vehículos que introdujeron los migrantes el fin de año y que dejan en sus poblaciones. Ahora buscan la manera de legalizarlos.
Legalmente, el proceso es complicado, porque no hay ninguna regularización en puerta y además el Gobierno de San Luis Potosí cuenta con un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y su Anexo 8, que no sólo impide la regularización de vehículos internados ilegalmente al país, sino que está signado el compromiso de no tolerar ese tipo de vehículos en el Estado.
