Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 13/05/2021
Las protestas de líderes políticos y sindicales en contra de General Motors, que dirige Mary Barra, por presunta falta de democracia sindical no es otra cosa que la venganza de la Central Obrera AFL-CIO de Estados Unidos, por la inversión de mil millones de dólares que anunció para la planta de Ramos Arizpe. En México, el principio es que existe independencia sindical y la parte patronal, en este caso General Motor no le corresponde el papel de autoridad. En todo caso es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que dirige María Luisa Alcalde quien deberá velar y vigilar que se cumpla con la libertad sindical y cuide de los procesos sindicales.
La intromisión en nombre de las nuevas reglas del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá en la vida sindical pegará de manera profunda en las futuras inversiones. El anuncio de General Motors de invertir y preparar a la planta de Ramos Arizpe para la producción de autos eléctricos nada gusto al sindicato de Estados Unidos. De hecho, los legisladoras Dan Kildee, Bill Pascrell Jr. y Earl Blumenauer, todos ellos del partido Demócrata son representantes de zonas industriales relacionadas con la industria automotriz de Estados Unidos, en especial Kildee, que es de Michigan y que están en contra las inversiones en el sector automotor en México.
En México no puede una empresa intervenir en los proceso sindicales, esta penado por la ley, y resulta incongruente que se le pida a GM que garantice la libertad sindical, de hecho, la empresa rechazó estar involucrado en violaciones a derechos laborales. La titularidad del contrato colectivo lo tiene el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica, Sidero-Metalúrgica, Automotriz y Proveedora de Autopartes en General de Energía, sus Derivados y Similares de la República Mexicana “Miguel Trujillo López”, que está incorporado a la CTM.
Lo que sorprende es la respuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que de igual manera que la voces demócratas en Estados Unidos, exige General Motors ser garante de la democracia sindical, cuando le corresponde al gobierno federal hacerla cumplir, por es la autoridad. “Los gobiernos de ambos países tendrán que intervenir para solicitar a la empresa cumplir con sus obligaciones y aseguró que se dará una respuesta inmediata a Estados Unidos”. Perdón pero no es obligación de las empresas velar por la independencia sindical y además pasa por alto que se trata de una venganza, de actores político-sindicales de Estados Unidos por una inversión que se va a hacer en México.
En la planta de Silao, donde se originó el problema sindical, GM produce la Chevrolet Cheyenne, Chevrolet Silverado y GMC Sierra, así como motores y transmisiones y trabajan más de seis mil personas.
Al final de la historia, el nuevo T-MEC dio herramientas necesarias para que los sindicatos de EU boicoteen las inversiones automotrices que se anuncien para México, que además, como vemos, tienen amplio respaldo de legisladores y aún más del Departamento de Comercio y para México no es más que resultado de una mala negociación de Jesús Seade en el T-MEC, porque Estados Unidos puede intervenir en la vida de sindicatos en México, pero no hay reciprocidad. Estamos a su merced.
RECLAMO.- El Instituto Federal de Telecomunicaciones, que dirige Adolfo Cuevas, presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), debido a que lo considera inconstitucional. “El acto legislativo contiene elementos que podrían contraponerse con el mandato del IFT de garantizar los derechos contenidos en los artículos 6 y 7 de la Constitución, así como de favorecer el acceso a los servicios de telecomunicaciones, que son derechos fundamentales”, dijo el órgano regulador en un comunicado. Además, el IFT refirió que no cuenta con los recursos necesarios para destinar al Panaut, que se supone recabará la información de los usuarios de telefonía e internet móvil.
FISCO.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la actualización de la lista de las plataformas digitales que se dieron de alta al RFC. De acuerdo con el oficio, ya son 101 las plataformas digitales inscritas. Sin embargo, todavía hay empresas que siguen sin cumplir con sus responsabilidades fiscales. Una de ellas es InDriver, la aplicación rusa de movilidad, que sigue sin figurar en la actualización de la lista de compañías registradas.
Cabe señalar que el SAT tiene la facultad de bloquear de manera temporal (killswitch) el servicio digital de las empresas que incumplan con 3 meses sin pago de impuestos a partir de que entró en vigor la disposición. Habrá que ver si las autoridades ejercen mano dura contra las plataformas que siguen sin cumplir, como es el caso de InDriver, que ya suma 4 meses haciendo caso omiso de esta responsabilidad fiscal.
