Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 10/04/2019
La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE o Comisión), presentó esta mañana el Estudio de competencia en el autotransporte federal de pasajeros, el cual identifica falta de competencia en la mayoría de las rutas que se ofrecen en el país. Ello debido, en parte, a que la regulación inhibe la participación de más agentes económicos en las distintas rutas, lo que impide la oferta de más opciones de servicios a mejores precios, en detrimento del bienestar de los usuarios.
Resultado de lo anterior, se observa una alta participación de mercado para cuatro Grupos de Interés Económico (GIE), mismos que están presentes en el 95.2% de las 5 mil 877 rutas identificadas en este estudio. Además, en 76.8% de dichas rutas participa un solo operador.
Entre los obstáculos regulatorios detectados, destaca la obligación de cumplir con requisitos y trámites que, a falta de claridad en su aplicación, dotan de amplia discrecionalidad a las autoridades en el otorgamiento de permisos de nuevas terminales. Esta falla normativa tiene un impacto negativo en los niveles de competencia porque para ofrecer una ruta se exige contar con acceso a terminales de origen y destino, lo que de inicio representa una inversión millonaria si no se tiene entrada a una terminal establecida y limita la entrada de nuevos participantes. A pesar de lo anterior, en la práctica varias empresas establecidas realizan ascensos y descensos en lugares distintos a las terminales, lo cual confirma la necesidad de actualizar el marco normativo para ajustarse a la realidad y dar posibilidad a nuevos competidores de ampliar la oferta.
Ello se agrava por legislaciones estatales que imponen criterios que favorecen a empresas establecidas, como contar con la opinión favorable de transportistas locales para autorizar el permiso de operación de una ruta a un nuevo competidor.
La regulación actual no exige a los operadores de terminales contar con reglas de acceso ni hacerlas públicas, si es que existen. Así, los nuevos entrantes a una ruta, que quieran operar desde una terminal necesitan llegar a un acuerdo con la concesionaria o empresas que controlan la central camionera, mismas que tienen incentivos para negarles el acceso o darlo en condiciones de desventaja.
Asimismo, el modelo de autotransporte mexicano es rígido, al exigir a los operadores: registrar tarifas máximas con al menos siete días de anticipación; avisar de la cancelación de la ruta con 30 días hábiles de anticipación, y utilizar el autobús autorizado en una sola ruta, sin posibilidad de poderlo mover a otra ruta con mayor demanda.
Cuando los grandes GIE coinciden en una ruta suelen ofrecer tipos de servicio distinto; por ejemplo, uno ofrece el servicio de primera clase y otro el económico.
La falta de competencia en rutas ha generado precios altos que, en términos de la capacidad adquisitiva de los usuarios del transporte federal de pasajeros, tiene como efecto una pérdida en el bienestar de las familias. Esto deja ver la relevancia de mejorar las condiciones regulatorias en este mercado.
Para ello, la COFECE propone tres intervenciones esenciales:
1. Facilitar la posibilidad de que exista mayor presión competitiva entre operadores:
➢ Que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT):
▪ Analice la pertinencia de modificar la obligación de disponer de terminales para obtener el permiso para operar (reforma a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares [Reglamento]).
▪ Suprima el registro de tarifas máximas (reforma al Reglamento).
▪ Elimine el requisito de avisar con 30 días de anticipación la cancelación de una ruta o tramo (reforma al Reglamento).
▪ En su lugar, quedaría la obligación de avisar al usuario con una semana de anticipación.
▪ No vincule los permisos para operar a una ruta específica (reforma al Reglamento).
2. Que se facilite el acceso a las centrales de camiones ya establecidas mediante:
➢ En las centrales concesionadas, que la SCT:
▪ Haga pública la lista de centrales que operan bajo concesión.
▪ Reciba las centrales públicas al término de la concesión y nuevamente adjudique su administración vía licitación, y que una de las condiciones en estas nuevas adjudicaciones sea la obligación de acceso abierto y no discriminatorio.
▪ Este proceso puede iniciar en breve, puesto que existen concesiones que están próximas a vencer durante 2019: Central del Norte, Ciudad de México; Mazatlán, Sinaloa; Acapulco, Guerrero; Nuevo Laredo y Reynosa, Tamaulipas; y Mexicali, Baja California. Se tiene información que este año caducó la concesión de la terminal de Oaxaca, Oaxaca.
➢Para el resto de las centrales:
▪ Incluir en el Reglamento la obligación de hacer públicas las reglas de acceso.
➢ Que la SCT cuente con facultades para resolver disputas entre solicitantes de acceso y administradores.
3. Para brindar mayor certeza jurídica y transparencia al sector:
➢ Que la SCT dé a conocer versiones públicas de las resoluciones para las solicitudes de permisos rechazadas.
➢ Suprimir en el Reglamento criterios discrecionales para el otorgamiento de permisos para establecer terminales.
➢ Incluir en el Reglamento un procedimiento práctico y efectivo para ejercer la afirmativa ficta en las solicitudes de permiso para operar el servicio de autotransporte federal.
➢ Que la Dirección General de Autotransporte Federal mejore su portal de trámites para que sea más fácil para los solicitantes dar seguimiento a su trámite.
➢ Que la SCT mejore las estadísticas sobre el volumen de operaciones en el sector y actualice su directorio de terminales.
La COFECE hace un llamado a la SCT a actualizar la regulación, tarea en la cual esta Comisión refrenda su voluntad para que, desde su ámbito de competencia, acompañe las acciones técnicas que el gobierno federal decida emprender en beneficio de los pasajeros de este tipo de transporte.
Los resultados de este estudio no prejuzgan respecto a la actual investigación por oficio, con el número de expediente IO-003-2017, por posibles prácticas monopólicas absolutas en el mercado de servicio de autotransporte terrestre de pasajeros en las regiones Centro, Centro-Sur, Sur-Sureste y el estado de Tamaulipas, que la Autoridad Investigadora de la COFECE inició el 15 de noviembre de 2017.
